Decreto de universidades privadas: el Supremo lo anula y el Gobierno prepara otra norma

Las últimas noticias del decreto de universidades privadas, a 8 de octubre de 2026, caben en una frase del Poder Judicial y en otra del Gobierno. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, porque la tramitación urgente no estaba debidamente justificada y, con ella, se omitió la consulta pública previa. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dice que respeta el fallo, que no entra en el fondo, y que ya trabaja en otra norma.

Anular por el procedimiento no quiere decir que el mínimo de 4.500 estudiantes sea ilegal, ni que una universidad ya reconocida pierda el título. Tampoco hay hoy un texto nuevo en el BOE. Hay una sentencia, un decreto de 2025 caído por la vía usada para aprobarlo y un Ejecutivo que anuncia que lo rehará.

El calendario político de estas semanas está en la guía de las elecciones del 29 de noviembre y en las últimas noticias de Pedro Sánchez. Qué puede hacer el Ejecutivo tras disolver las Cortes está en la guía del Gobierno en funciones.

Qué ha dicho el Supremo

La nota oficial del Consejo General del Poder Judicial, fechada este jueves, es breve. La Sala estima el recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares contra el Real Decreto 905/2025. Concluye que el acuerdo de tramitación urgente «no está debidamente justificado» y que su efecto, omitir la consulta previa, «carecía del amparo legalmente exigido».

RTVE publica pasajes de la sentencia. El núcleo es si el acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de abril de 2025 justificaba aprobar la norma ya y saltarse la consulta pública. La única razón que ve la Sala es querer la reforma en vigor en el curso 2025/26: «más una voluntad política para su pronta entrada en vigor que una causa objetiva». Las circunstancias del acuerdo, añade, no son extraordinarias ni imprevisibles.

Europa Press, que dice haber leído la sentencia, añade costas de 6.000 euros para la Administración del Estado. El Confidencial fecha el fallo el 30 de septiembre, con ponente Antonio Jesús Fonseca-Herrero, y habla de nulidad de pleno derecho y de efectos generales desde la publicación en el BOE. El Economista habla del 29 de septiembre. La nota oficial no fija el día. Lo seguro hoy es el motivo: la urgencia, no el articulado.

El Confidencial precisa que la Sala ni siquiera entra en los preceptos que Baleares también impugnaba, entre ellos el mínimo de 4.500 estudiantes a los seis años y la obligación de alojamiento. El fondo queda sin sentencia.

Qué exigía el Real Decreto 905/2025

El decreto, publicado en el BOE, no creaba una universidad ni cerraba ninguna. Modificaba cuatro normas: el Real Decreto 640/2021, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros; el 1509/2008, del registro de universidades, centros y títulos; el 1002/2010, de expedición de títulos oficiales; y el 822/2021, de organización de las enseñanzas y aseguramiento de la calidad.

En el texto, la memoria para crear o reconocer una universidad debe prever que, a los seis años de actividad, los estudiantes matriculados en títulos oficiales de grado, máster y doctorado superen los 4.500. La comunidad autónoma, o el Ministerio en las universidades de especiales características, tiene que corroborar ese requisito. No es una matrícula que haya que enseñar el día de la apertura. Es una previsión del plan, que luego se comprueba.

Pasados esos seis años, el estudiantado de grado y de dobles titulaciones con itinerario de grado debe ser, como mínimo, el 50% del total matriculado en enseñanzas oficiales. Hay una excepción de internacionalización: si los estudiantes extranjeros superan el 50% del máster oficial, ese suelo de grado baja al 35%.

El mismo texto impone un compromiso de alojamiento. Universidades públicas y privadas, al crearse o reconocerse, deben disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de titulaciones oficiales previstas en la memoria para el cuarto año de funcionamiento, o el quinto si la memoria incluye dobles titulaciones. No es, leído el BOE, un 10% de todo el alumnado desde el tercer curso. Algunas crónicas lo resumen así. El párrafo del decreto habla de plazas previstas en la memoria y de ese año cuarto o quinto.

El texto exige además que, en cualquier universidad, al menos el 50% del personal docente e investigador que da clase en grado oficial, y otro 50% en máster oficial, sean doctores. El preámbulo refuerza la sostenibilidad con un aval en la Caja General de Depósitos, sin cifrarlo en ese párrafo, y recuerda que en el curso 2024-2025 el 26% del estudiantado ya estudiaba en formato virtual. Es el dato del propio decreto, no un censo de octubre de 2026.

Qué no ha decidido la sentencia

Tres límites evitan leer de más el titular.

Primero, el tribunal no ha dicho que los 4.500 alumnos, el alojamiento o el porcentaje de doctores sean contrarios a la ley. No los ha juzgado. Un recurso futuro, o la norma que el Gobierno redacte ahora, puede volver a discutirlos con consulta pública.

Segundo, la anulación no apaga las universidades privadas que ya funcionan. El 905/2025 endurecía la creación y el reconocimiento y retocaba reglas de registro, títulos y calidad. No es una orden de cierre. Quien ya tiene un título oficial no lo pierde por esta noticia.

Tercero, los efectos generales llegan, según El Confidencial, cuando la sentencia se publique en el BOE. Hasta entonces, un proyecto concreto debe mirar ese diario oficial y a su comunidad autónoma.

Qué responde el Gobierno

Europa Press recoge la posición del departamento de Diana Morant. Respeta la sentencia y no la comparte. El fallo «no entra en el fondo del real decreto, sino en la urgencia con la que se tramitó». Ya trabajan en una nueva norma «lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas». La necesidad, dicen, «era y sigue siendo clara y urgente».

El dato que repiten es este: 50 universidades públicas frente a 49 privadas. España está «muy cerca» de igualar las dos cifras. Para el Ministerio, una proliferación sin exigencias suficientes puede alterar el equilibrio, la calidad y la igualdad de oportunidades. Precisa que no está en contra de la universidad privada. Quiere que públicas y privadas cumplan estándares de calidad, investigación, docencia y transferencia. Defiende informes vinculantes de las agencias de calidad, «que hasta ahora no se producía», en palabras del departamento.

Sobre el trámite, afirma que el Consejo de Estado avaló prescindir de la consulta previa y que sí hubo información pública, con más de 60 alegaciones. Las universidades, dice, informaron el texto a favor en el Consejo de Universidades, y CRUE y los estudiantes avalaron el contenido. También protesta porque se enteró por la prensa antes que por la vía oficial, «máxime» en periodo preelectoral. La frase de cierre, que Sánchez repite, es que acatan el fallo «pero no nos cruzamos de brazos».

Qué ha escrito Sánchez

RTVE reproduce un mensaje de la cuenta oficial de Sánchez en X, publicado al conocerse el fallo. Dice que «la universidad pública está bajo asedio» y que «la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades». Pide una regulación que la proteja y más recursos de las administraciones competentes. Y anuncia: «Acatamos el fallo del Tribunal Supremo, pero no nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio».

RTVE recuerda, además, que Sánchez ha descrito el objetivo como frenar «chiringuitos» y evitar que la universidad sea «una máquina expendedora de títulos». Es su lenguaje político. No es el fundamento de la sentencia. El Supremo no habla de chiringuitos. Habla de si el acuerdo del 1 de abril de 2025 justificaba saltarse la consulta.

Qué cambia para quien quiere abrir un centro

Quien prepare una universidad privada se queda entre dos normas. La de octubre de 2025 cae por el procedimiento. La anterior, el Real Decreto 640/2021 y las otras tres que el 905 modificaba, es la referencia a la que apunta anular un decreto que solo cambiaba otras normas, cuando el fallo tenga efectos generales. El Confidencial resume que la Sala deja sin efecto la norma y no publica otra tabla de requisitos.

Hasta el BOE de la sentencia no conviene dar por reabierto un expediente. Baleares recurrió, pero la anulación es del real decreto entero, con efectos generales desde esa publicación, según la prensa que ha visto el fallo. Un título que ya se cursa en un centro reconocido no se pierde por esta noticia. Quien vaya a matricularse en un centro nuevo sí debe preguntar con qué norma se tramita el reconocimiento.

Por qué el trámite se ha comido el debate de fondo

La urgencia, en la Ley del Gobierno, exige circunstancias extraordinarias e imprevisibles. Saltarse la consulta previa es la consecuencia de esa declaración, no un atajo libre. El Supremo dice que esa premura no se acreditó. El Ministerio replica que el Consejo de Estado la vio legal y que luego hubo información pública. Para la Sala, esas alegaciones no sustituyen la consulta omitida. Por eso cae el decreto entero sin que se vote si 4.500 alumnos es mucho o poco.

El Gobierno puede rehacer la norma, y lo ha anunciado. El camino que marca el fallo es justificar la urgencia o no usarla y abrir la consulta. No hay fecha. Las Cortes de 2023 están disueltas desde el 6 de octubre. Hasta que el nuevo texto se publique, el anuncio no es un requisito.

Qué vigilar en los próximos días

Conviene mirar tres cosas. Si la sentencia entra en el BOE, la anulación pasa a tener los efectos generales que describe quien ha leído el fallo. Si el Ministerio publica otro texto, habrá que ver si repite los 4.500 estudiantes, el alojamiento y los doctores, y si esta vez hay consulta previa. Y la cifra de 50 públicas y 49 privadas es del Ministerio: explica por qué llama urgente a la regla, y no demuestra por sí sola la calidad de cada centro nuevo. La sentencia no elige ese debate. Dice que la vía de abril de 2025 no valía.

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Preguntas frecuentes

¿El Supremo ha prohibido las universidades privadas?

No. Ha anulado el Real Decreto 905/2025, que endurecía la creación, el reconocimiento y otras reglas del sistema universitario. El recurso lo puso el Gobierno de las Islas Baleares. El motivo es la tramitación urgente, no un juicio sobre cada centro.

¿Por qué se anula el decreto?

Porque el acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de abril de 2025 no justificó circunstancias extraordinarias para tramitarlo con urgencia y, por eso, no podía omitirse la consulta pública previa. RTVE recoge que la Sala ve en esa prisa una voluntad política de llegar al curso 2025/26, no una causa objetiva.

¿Siguen vigentes los 4.500 estudiantes y el 10% de alojamiento?

Esas cifras están en el texto del decreto anulado. El tribunal no ha dicho si son legales: no entró en el fondo. Dejarán de ser la norma aplicable cuando la anulación tenga efectos, y pueden reaparecer si el Gobierno las incluye en la norma nueva. Hasta la publicación de la sentencia en el BOE, según El Confidencial, los efectos generales no se han producido.

¿Qué pasa con los alumnos que ya estudian en una universidad privada?

Esta anulación no retira los títulos de los centros ya reconocidos. Afecta a las reglas de creación y reconocimiento que el decreto modificó, no a una orden de cierre.

¿Cuántas universidades privadas hay?

El Ministerio dice que el sistema cuenta con 50 universidades públicas y 49 privadas. Usa esa cercanía para defender que la regulación sigue haciendo falta.

¿El Gobierno va a aprobar otro decreto?

Diana Morant y Pedro Sánchez dicen que sí: trabajan en una nueva norma «lo antes posible», dentro del marco de la sentencia y con garantías jurídicas. A 8 de octubre ese texto no está publicado.

¿Tiene que ver con las elecciones del 29 de noviembre?

El Ministerio menciona el periodo preelectoral al quejarse de haberse enterado del fallo por la prensa. La convocatoria del 29N ya está hecha. La sentencia, en cambio, resuelve un decreto de octubre de 2025 y un acuerdo de urgencia de abril de ese año.

Conclusión

A 8 de octubre de 2026 el decreto que endurecía las nuevas universidades ha caído por la forma, no por el fondo. El Ministerio mantiene los 50 frente a 49 y anuncia otra norma, sin fecha ni texto. No se cierran las privadas que ya enseñan, y nadie ha juzgado aún si 4.500 alumnos o el alojamiento son la regla correcta. Eso se verá en el BOE de la sentencia y, si el anuncio se cumple, en el próximo decreto.

Fuentes

• Poder Judicial, 8 de octubre de 2026: nota de la anulación
• BOE: Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre
• RTVE, 8 de octubre de 2026
• Europa Press, 8 de octubre de 2026: reacción del Ministerio
• El Confidencial, 8 de octubre de 2026